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Agenda corta de seguridad


El gobierno acaba de enviar al congreso nacional un importante proyecto de ley en materia de persecución y sanción de los delitos de robo, hurto y receptación, que ha denominado “agenda corta de seguridad”. Como su nombre lo sugiere, es un proyecto que busca enfrentar, de manera decidida y con eficacia, un problema que la ciudadanía ha reclamado siempre como prioritario, a saber, la inseguridad ciudadana. El proyecto de ley tiene, en su perfil sancionador, tres palabras claves: certeza en las penas, mayor sanción a la reincidencia y el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad tratándose de reincidentes en delitos contra la propiedad, o de parte de la pena, tratándose de primerizos condenados por robos particularmente graves (crímenes). El diagnóstico que motiva esta reforma es claro y, creo, puede ser compartido por gran parte de la población: en los delitos de mayor connotación social, las penas que finalmente se imponen son significativamente más bajas que las que el legislador (quien democráticamente decide qué punir, con qué pena y bajo qué medio de cumplimiento) consideró proporcional al delito. ¿Se trata de un caso de mala práctica judicial? La respuesta es seguramente no, pues los jueces lo que hacen es aplicar las normas de un viejo Código penal, que les dice cómo considerar las circunstancias modificatorias (agravantes y atenuantes), el grado de desarrollo del delito (iter criminis) y otras reglas de determinación de la pena y, en caso que ello sea posible, aplicar la pena más baja. Sumado a eso los jueces, cuando procede, incluso imponen una pena sustitutiva, con lo que el delincuente sale caminando al lado de la víctima. Nada de eso es ilegal, pero a juicio del gobierno (correctamente) ello no debe ser así, pues genera sensación de inseguridad, que el delincuente no paga por el delito cometido y que finalmente no hay una respuesta correcta y proporcional frente al injusto penal. Por eso el proyecto, en vez de recurrir al camino sencillo de aumentar las penas a todos los casos, apuesta principalmente porque se impongan sanciones que se correspondan con la valoración jurídico penal que el legislador consideró para estos delitos. En concreto, el gobierno pretende limitar la facultad judicial para reducir la pena, obligando al juez –salvo excepciones calificadas– a que se mueva dentro del marco considerado por la ley. Así, si el legislador contempla una sanción mínima de 3 años y 1 día para un determinado delito; más allá del número de atenuantes, el juez no podrá aplicar, salvo excepciones, una sanción menor a la prescrita en la ley. Por otra parte, el proyecto suprime la aplicación de las penas sustitutivas para casos de reincidentes, quienes deberán cumplir la pena en prisión. Y, en el caso de los primerizos, cuando sean condenados por delitos contra la propiedad que tengan pena de crimen (robos con violencia o intimidación), si por aplicación de la ley 18.216 correspondiere conceder una pena sustitutiva, ésta se suspenderá por un año, tiempo en que deberán permanecer privados de libertad. El proyecto no pretende sugerir que el fenómeno de la delincuencia y la inseguridad ciudadana pueda ser enfrentado sólo con una ley. De hecho, el mensaje que anuncia el texto del ejecutivo lo ubica como parte de un conjunto más amplio y diverso de medidas que conforman el programa de gobierno en la materia. La mayor dotación de carabineros que se realizó el año pasado; la reciente modificación a la ley de control de armas (que ya empezó a exhibir sus logros); el reforzamiento de la dotación del Ministerio Público y la modificación a la ley de conductas terroristas que hoy se discuten en el congreso; y los cambios que se realizarán a la institucionalidad en materia de reinserción social y en la infraestructura de las cárceles son, entre otros, componentes de ese enfoque global y prometedor mediante el cual el gobierno busca enfrentar la delincuencia. Por eso, la agenda corta de seguridad es un ingrediente más, aunque muy importante, dentro de un propósito gubernamental que tiene en la mira un sólo objetivo: mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas; que la gente se sienta segura en sus casas y barrios; y que la vida en las comunas y poblaciones se dé en un contexto de paz y tranquilidad.