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Constitución, transparencia y nuevo pacto social


Luego de revisar el informe del consejo asesor anticorrupción, la Presidenta Michelle Bachelet, en cadena nacional, dio a conocer al país un robusto paquete de medidas legislativas y administrativas destinadas a incrementar los estándares de transparencia en la función pública y la necesaria separación con el mundo de los negocios. La espera -que agitó a más de algún impaciente- ciertamente valió la pena. En primer término: el solo hecho de escuchar a la máxima autoridad nacional tomar las riendas de la conducción de la agenda de transparencia constituye un indicador de la relevancia que ella le otorga a la necesidad de mejorar la calidad de la política y legar, una vez más, un país con mejores normas de transparencia y probidad que el que heredó. Un segundo aspecto a destacar lo constituye la contundencia de las medidas –que a modo meramente ejemplar- anunció la primera mandataria.

La autonomía consitucional del Servel, el otorgamiento de facultades para fiscalizar el gasto electoral, la reducción del mismo, el límite a la reelección de cargos de elección popular, normas sobre inhabilidades e incompatibilidades entre autoridades públicas y actividades privadas, refichaje y aplicación de normas de transparencia a los partidos políticos, constituyen algunos de los importantes anuncios realizados. Ciertamente, las propuestas enunciadas y otras que obran en el informe del comité asesor anticorrupción constituirán una arquitectura jurídico administrativa que mejorará considerablemente los estándares de transparencia de nuestro país y serán un aporte a la recuperación de las confianzas entre ciudadanos y la actividad pública nacional.

Punto alto lo constituyó el anuncio de la reinstalación en las mallas curriculares obligatorias de educación escolar y superior de la educación cívica. Asignatura que jamás debió eliminarse y constituye un elemento formativo fundamental para crear ciudadanos y no meros individuos. Para comprender que la vida en sociedad implica el ejercicio de derechos pero también el cumplimiento de deberes y normas de respeto social para un mejor vivir individual y colectivo.

Punto aparte resultó el anuncio del inicio del proceso constituyente, el que lejos de ser un anuncio aislado, constituye el corolario de un conjunto de reformas institucionales para mejorar nuestra convivencia. ¿De qué sirven nuevas normas de transparencia si la estructura o los órganos del Estado no interpretan a la mayoría de la sociedad? ¿cómo explicamos que se limite la reelección indefinida de autoridades si no debatimos sobre el régimen político que debemos darnos para administrar mejor nuestro amplio y diverso territorio? En consecuencia, resulta de toda lógica que S.E. haya incluido el inicio del debate constitucional en estos anuncios que buscan mejorar las normas de convivencia social.

Respecto de la forma del cambio consittucional, existen diversas interpretaciones. Lo cierto es que el concepto de participación quedó plasmado en el anuncio presidencial. Desde mi humilde experiencia en los cabildos constitucionales realizados junto al diputado Ricardo Rincón puedo afirmar que aquellos que afirman que el debate constitucional es “exclusivo de los políticos” están muy alejados de la realidad.

En pequeñas comunas tuvimos cientos de participantes quienes luego de escuchar a destacados constitucionalistas en una introducción formativa, debatieron sobre el rol del Estado y de las personas en un nuevo modelo social, los derechos y garantías fundamentales, el poder constituyente, la relación de equilibrio entre poder legislativo y ejecutivo, descentralización y muchos otros temas que comprendieron les afectaban su diario vivir. Hoy cuando la Presidenta, con toda la infra del Estado se propone masificar cabildos ciudadanos y encuentros vecinales sobre la nueva Constitución, se abre una enorme oportunidad de reencontrar al “sistema” con los ciudadanos, escuchar sus críticas, sueños, frustraciones e ideales de sociedad.

Creo que a partir de este anuncio se abre una gran oportunidad y a su vez se asume una responsabilidad cual es diseñar con mecanismos amplios de participación un texto constitucional que dé cuenta de la evolución, social, cultural, territorial y valórica de nuestra sociedad, concluyendo en un nuevo pacto social que sea representativo de nuestra nueva sociedad donde los acuerdos amplios permitan darle en el tiempo la estabilidad que la norma fundamental requiere y merece.