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Del aborto, debates y renuncia


Recientemente, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que busca la despenalización del aborto bajo tres causales. La discusión en torno a esta problemática recién comienza: nos tocará debatir acerca de la posibilidad de llevar a cabo un aborto en aquellos casos en que se encuentre en riesgo la vida de la madre, en que la vida que se gesta sea inviable o en que el embarazo haya sido fruto de la violación.

La discusión, girará entre lo ético-jurídico y la visión que cada legislador posee de la vida y de su facultad como mandatario de la ciudadanía para autorizar la posibilidad de interrumpirla bajo ciertas circunstancias. Es decir, se abre una discusión amplia, que, en algunos casos, pondrá en contradicción las legítimas convicciones personales y la necesidad social de regular una situación de hecho, que fue denunciada por la ministra de salud Helia Molina y cuyo planteamiento le costó el puesto. Que los medios de comunicación profundicen sobre el tema resultaría auspicioso, ya que nos llevaría a debatir sobre la concepción de la sociedad, sus valores y su realidad social; superando la mera denostación de la actividad pública.

El debate que se avecina estará marcado por la potencial contradicción entre la convicción particular y el interés general. ¿Será legítimo que una autoridad anteponga lo primero por sobre el interés colectivo? ¿Será natural que quienes profesan una religión lo hagan valer en esta discusión? Ciertamente éste también será un tema relevante a la hora de dar la discusión en el Congreso Nacional. Mientras algunos argumenten que cuando fueron candidatos ellos fueron votados debido a sus convicciones, otros dirán que la situación de hecho de la sociedad obliga al legislador a abstraerse de sus propias convicciones ya que se está al servicio de la ciudadanía.

Al decir de Valéry Giscard d’Estaing, ex Presidente francés y reconocido católico: “Las creencias son asuntos de cada quien; las leyes, de todas y todos”.

En lo sustantivo, el proyecto que pronto discutiremos en el Senado, pretende sustituir, entre otros, el art. 119 del Código Sanitario, (vigente en Chile hasta 1989), aboliendo la prohibición que hoy asiste para interrumplir el embarazo en casos de riesgo efectivo de la vida de la madre. Luego se consignan las otras dos causales: inviabilidad fetal (médicamente certificada) y embarazos producto de violación.

Mientras en la primera de ellas se requerirá la certificación médica; en la segunda, se requerirá de una denuncia judicial y certificación de un médico legista. En ambas situaciones se exige que adicionalmente se cuente con la opinión de un segundo facultativo. Es decir, no se trata de un proyecto que “liberalice” la interrupción del embarazo; ni que imponga dichas interrupciones. Lo que hace, al permitir, es autorizar para que en casos calificados (establecidos por la ley) la mujer pueda libremente tomar la opción entre interrumpir su embarazo o continuar con él. Aquí la ley no impondrá nada; sino por el contrario, terminará con la actual imposición de prohibir la interrupción en toda circunstancia, lo que ha afectado a muchas mujeres que se encuentran en las tres situaciones descritas.

La discusión recién comienza y es de esperar que los argumentos a favor y en contra se expongan con respeto y no deslegitimando a quienes en el ejercicio de la democracia manifestaremos nuestra votación en los próximos meses.