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Un Servel autónomo y robusto


En el marco de las reformas en materia de transparencia y probidad, el Congreso aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma constitucional que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel). Destacan en sus normas el carácter autónomo con el que le corresponderá, entre otras funciones, la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, y de las normas sobre los partidos políticos.

Será esta institución la que fiscalizará en terreno el cumplimiento de las mencionadas reglas; podrá iniciar acciones y multar a candidatos cuando las hayan infringido, e incluso su consejo, en casos calificados, podrá pedir ante el Tricel la destitución de alguna autoridad de elección popular. También tendrá la supervigilancia de los partidos políticos para velar por su transparencia y recto uso de los recursos públicos que recibirán, pudiendo multarlos e incluso pedir la cancelación de su personalidad jurídica.

El proyecto es un claro avance en el fortalecimiento de nuestra democracia y en el perfeccionamiento de nuestras instituciones. Un buen análisis nos obliga a revisar la arquitectura institucional que se está creando para mejorar la calidad de la política. Este proyecto crea la institución y le otorga facultades. Otra iniciativa ya despachado por el Senado establece la cesación del cargo de las autoridades electas cuando infrinjan gravemente las normas sobre límite, control y transparencia del gasto electoral. En paralelo se trabaja el proyecto que regula el gasto y la propaganda electoral, donde se establecen importantes reducciones para disminuir la influencia del dinero en la política, restringe los espacios públicos donde se puede realizar propaganda y establece sanciones a sus infractores.

Para todo ello, la existencia de un Servel autónomo y robusto en facultades y personal resulta fundamental para que la letra y el espíritu de la ley tengan aplicación práctica y puedan aportar al mejoramiento de la calidad de la política.