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Chile, zona de emergencias: Hora de asumirnos


A estas alturas Chile debe asumir su condición de país en riesgo de emergencias. Terremotos, tsunamis, aluviones, erupciones volcánicas, inundaciones, desbordes de ríos, incendios forestales y sequía, son algunos de los fenómenos que nos golpean con cierta regularidad. Ante tales condiciones es indispensable que como sistema asumamos nuestra condición de riesgo permanente y adoptemos mecanismos institucionales preventivos, reactivos y de reconstrucción que nos permitan contar con las herramientas eficaces y eficientes para hacer frente a tan variada gama de catástrofes naturales. Desde el punto de vista preventivo es indispensable incorporar en todo proceso de evaluación de proyectos de inversión el criterio de zona de riesgo de emergencia, sea de inundación, de incendio, de desplazamiento de aguas, de erupción volcánica u otros que puedan poner en riesgo a sus habitantes o a aquellos que circundan el proyecto en cuestión. Así por ejemplo, la autoridad no debiera autorizar la plantaciones forestales sino poseen un sistema de cortafuegos -debidamente certificado por la autoridad- destinado a evitar la afectación de predios aledaños o centros poblados. Debieran rechazarse de plano aquellos proyectos de inversión emplazados en zonas de riesgo o cuya materialización den origen a una nueva zona de peligro para sus actuales localidades. En fin, se trata de incorporar esta variable preventiva para no lamentar la pérdida de vidas humanas por la falta de planificación territorial. Otro aspecto fundamental es proyectar infraestructura vial alternativa para enfrentar eventuales cortes de nuestra columna vertebral (Ruta 5) e incorporar criterios de descentralización zonal para la distribución de productos básicos (alimentación, combustible y medicamentos) que permitan mantener una cobertura adecuada frente a situaciones de imposibilidad de acceso terrestre. De igual forma, resulta fundamental contar con infraestructura crítica de telecomunicaciones que permita mantener conectado el territorio en comunicación de voz <em>(al menos de datos)</em> y la red de radiodifusión con el objetivo de informar el desarrollo de los acontecimientos y orientar a los ciudadanos en los primeros momentos de la emergencia. Todo lo anterior debe estar coordinado por una institucionalidad moderna, ágil, eficiente, descentralizada y con mando único, dotada de facultades vinculantes para todas las instituciones que participan de una emergencia: bomberos, carabineros, FFAA, brigadas de incendio, equipos municipales y otras que se estime pertinente. Por su parte, deben incorporarse en las mallas curriculares de las fuerzas armadas y de orden, cursos de especialización para enfrentar emergencias naturales a fin de contar con personal de las FFAA y de orden y seguridad realmente especializado para enfrentar este tipo de contingencias. En torno a la última etapa de la emergencia, la reconstrucción, que busca retornar a la normalidad a la localidad afectada, ahí es donde la situación administrativa resulta crítica. En efecto, la autoridad de turno debe poseer facultades amplias para llevar adelante el proceso con la debida celeridad, debemos crear un derecho administrativo de emergencias o de excepción, donde se simplifiquen los procedimientos de adquisición de materiales, viviendas e infraestructura o donde se contemplen facultades extraordinarias a la autoridad para relocalizar familias, instruir a medios de comunicación y empresas de servicios básicos para la realización de acciones destinadas a un pronto retorno a la normalidad. Con la actual arquitectura administrativa, donde intervienen desde el gobierno central, regional, servicios especializados y gobiernos locales, por mejor que sean las intenciones de la autoridad y la voluntad política de solucionar oportunamente la reconstrucción de una zona afectada; no será posible de no modificar estructuralmente nuestra arquitectura administrativa, la que velando por la recta inversión de los recursos públicos, sea capaz de resolver oportunamente las necesidades básicas de nuestros ciudadanos cuando han sido afectados por una catástrofe natural. Chile es un país de catástrofes y debemos asumirnos como tales adecuando nuestra institucionalidad y no intentando una vez más adecuar la realidad a nuestra ya añeja institucionalidad.


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