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Tercera generación en políticas de seguridad


Vamos en el sexto gobierno desde el retorno a la democracia y las políticas públicas de seguridad han evolucionado positivamente. Chile cuenta hoy con un registro estadístico de calidad que permite a la autoridad conocer perfiles de víctimas y victimarios, georeferenciar por tipo de delito, horario de ocurrencia, destino procesal de denuncias, eficacia del sistema de persecución y cifras de reiteración y reincidencia entre otras. La evolución es evidente. Las policías han transitado desde niveles de independencia hacia una autonomía dependiente con crecientes -aunque insuficientes- sistemas de control de gestión. El sistema de persecución penal es hoy objeto de crítica pública debido a sus altos índices de transparencia que permiten conocer sus aciertos, pero también sus debilidades. Las capacidades civiles en temas de seguridad se han multiplicado y con ello el análisis y diseño de políticas públicas serias basadas en estudios o experiencias. La institucionalidad se ha ido adecuando a las necesidades aunque aún falta mucho por hacer. Pero a pesar de ello, la política pública moderna enfrenta el desafío de transitar desde las reformas parciales o sectoriales a la constitución de un “sistema de seguridad”, donde cada institución pública tenga un rol asignado con metas propias pero sometidas a un objetivo común cuantificable definido previamente por la autoridad coordinadora. Un sistema que, respetando las autonomías constitucionales y la independencia de la función jurisdiccional, sea capaz de articular sus esfuerzos para el logro de un objetivo colectivo: Mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el delito. Para ello, resulta fundamental que previamente sinceremos las deficiencias de quienes participarían del sistema, no para enjuiciar instituciones sino como diagnóstico certero que de inicio a esta nueva etapa. Así las cosas, resulta evidente que mientras no tengamos un nuevo código penal seguiremos con la asimetría punitiva, las incongruencia, los disvalores entre la vida , la libertad y la propiedad. Seguiremos discutiendo sobre las reglas de determinación de las penas y el “garantismo” del sistema de persecución. De igual forma debemos asumir que más allá de las reformas en derecho sustantivo, la reforma penal adolescente no logra los objetivos esperados por las serias deficiencias orgánicas y de coordinación. Por su parte, las tasas de reincidencia en ciertos delitos nos revelan que lejos de rehabilitar, el sistema carcelario sigue aportando especialización delictual, lo que se mantendrá sino se concibe la cárcel como espacio de sanción orientado al quiebre de carreras delictuales y reinserción social, a través de un servicio especializado que acompañe a quien ha cumplido su condena en el difícil proceso de volver a la comunidad. Los ciudadanos seguirán clamando aumento de penas privativas de libertad si no contamos con una institucionalidad especializada en el control de penas alternativas. Por otra parte debemos asumir que más allá de los enormes esfuerzos de sus funcionarios, el Sename no logra el objetivo perseguido al coexistir en el dos realidades muy diversas. Menores infractores de ley penal y menores en situación de abandono o desprotección. La contaminación criminógena y la falta de especialistas que aborden los problemas de esos niños no permitirá cambiar su casi directo destino delictual. En materia policial, debemos generar incentivos para el trabajo de seguridad pública al interior de las instituciones. Un policía de calle, dedicado a dar seguridad en una población de alto riesgo, debiera tener incentivos económicos y de carrera para seguir en dichas funciones. El patrullaje debe salir de la calle y volver a las veredas, el comisario debiera tener mayor permanencia en el territorio y debiera existir una relación privilegiada entre la autoridad policial local y la municipal, donde éste último sea coadyuvante en la eliminación de las condiciones situacionales de riesgo del territorio y coordinador de la oferta pública preventiva. El Ministerio público debe hacer un alto en la vorágine persecutoria y observar su primera década con ojos satisfactorios pero no complacientes. El nuevo proceso penal es más rápido y transparente, pero posee falencias graves que debemos corregir. Los fiscales “patea puertas”, la falta de formación para enfrentar delitos complejos y la incapacidad probatoria en delitos de orden público, los archivos provisionales y la falta de incentivos y carrera funcionaria, constituyen elementos que debemos enfrentar antes de que sea tarde. Por su parte, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública debe asumir el rol coordinador de dicha demanda ciudadana a través de la focalización local de la política de seguridad. Debe crear mecanismos para que la oferta de política social y de seguridad de diversos ministerios e instituciones caiga coordinadamente en el territorio para ayudar y no “atorar” a la autoridad municipal. Cada gobierno ha aportado al mejoramiento de los niveles de seguridad, información e institucionalidad. Hoy, con la información disponible, estamos en condiciones de dar un salto hacia la tercera generación de políticas de seguridad pública. Dependerá entonces de la capacidad de los líderes institucionales para comprender el nuevo ciclo que se inicia, donde las metas de procesos intermedios deben reemplazarse por metas de resultados, donde la accountability será obligatoria, donde debemos pasar de la defensa institucional a la cooperación sistémica. Ello orientado al logro de resultados positivos que -de ser alcanzados- se traducirán en la concepción ciudadana de haber adquirido por fin un nuevo derecho: su seguridad. La profundidad de las reformas requerirá de una autoridad que tenga la suficiente estatura política para aceptar que sus grandes esfuerzos permitirán a otros cosechar sus logros. Por ello, valga citar al ex premier británico Winston Churchill cuando afirmaba: “la gran diferencia entre un político y un estadista es que éste último es capaz de pensar no sólo las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones.