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Discrepancia entre cifras de Carabineros y Ministerio Público marcan comisión de seguridad del Senad


Esta jornada la comisión especial de seguridad ciudadana del Senado sesionó para hacer frente a los hechos de violencia y terrorismo cometidos en las regiones de Biobío y La Araucanía. Instancia presidida por el senador Felipe Harboe que contó con la participación del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, el director general de Carabineros, Bruno Villalobos y los fiscales regionales del Ministerio Público Andrés Montes, de la Región Metropolitana; Julio Contardo, de Biobío y Cristián Paredes, de la región de La Araucanía.

En la sesión se expusieron las principales dificultades en la persecución penal de los responsables de los delitos, apuntando a la falta de regulación en la protección de testigos y la necesidad de análisis delictual como técnica investigativa. Sin embargo, las cifras entregadas por el Ministerio Público y Carabineros no coincidieron, por lo que se manifestó la necesidad de contar con una cifra única que permita llevar a cabo políticas públicas efectivas.

“La realidad se construye a través de cifras oficiales y acá tenemos una diferencia entre la información que entregó Carabineros y la que expuso el Ministerio Público.

Por eso manifestamos la necesidad de tener una cifra única para tener una adecuada política pública eficaz y eficiente, que brinde seguridad a los ciudadanos que se sienten afectados”, indicó el senador Harboe.

El parlamentario señaló que para la construcción de la misma no sólo se debe considerar la cantidad de detenidos por los delitos, sino cuántos de ellos son efectivamente formalizados por el Ministerio Publico, así como el número de privados de libertad, absueltos y condenados. “Eso es lo que mide la eficacia de una política pública en materia de seguridad, lo que los ciudadanos quieren es que aquellos que participen de hechos delictuales, no gocen de impunidad”, dijo.

Además, el senador destacó los avances que la región del Biobío ha tenido al respecto, apuntando al incremento en el nivel de condenas registradas. “Pero lo mismo debe ocurrir en las otras regiones del país que están demandando mayor seguridad”.

Por su parte, el fiscal Andrés Montes valoró la instancia y señaló que en enero 2016 se conformó una mesa de trabajo permanente para combatir la violencia rural, lo que ha significado un avance importante, pero todavía quedan desafíos pendientes.

“Hay una serie de aspectos a mejorar, como el uso de la evidencia encontrada en los sitios de suceso para poder identificar a las personas que participaron de los hechos a través de la utilización de técnicas especiales y el análisis de la información conjunta de todas las regiones que forman parte de este problema”, detalló.

MODIFICACIONES LEGALES

Por otro lado, el senador Harboe manifestó la necesidad de mejorar la legislación para optimizar la persecución penal de los involucrados en hechos de violencia.

En este sentido el parlamentario consideró relevante la creación de un nuevo estatuto de protección de testigos como una forma de asegurar un importante elemento de prueba. Además, hizo un llamado a reactivar la discusión de una nueva ley antiterrorista.

“Muchas veces el Ministerio Público requiere de la comparecencia de testigos para lograr condenas, y si no hay un estatuto de protección, hay un elemento de prueba menos para el proceso judicial. Es deber del gobierno enviar prontamente un proyecto de ley con un estatuto especial de protección de testigos en juicios de delitos complejos y otra en el marco de la discusión antiterrorista y de seguridad del estado que incluya nuevas facultades”, planteó Harboe.

El próximo miércoles 30 de noviembre la comisión realizará una segunda sesión a partir de las 13:30 horas