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"Proyecto #NoMePreguntenMás viene a saldar una deuda histórica que como Estado tenemos con los


Señor Presidente: El proyecto de ley que hoy se somete a votación, honorables senadores, viene a saldar una deuda histórica que como Estado de Chile tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes, que han sido víctimas o testigos de delitos de connotación sexual y que se enfrentan a un proceso penal extraño, ajeno, e insensible. Se trata de un proyecto que bien podría resumirse en tres conceptos claves: cuidado, respeto y protección de los niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a un proceso penal. Y digo que se trata de una deuda histórica porque, como ustedes sabrán, la legítima demanda de parte de la sociedad, que se refleja en el lema “no me pregunten más”, tiene su fundamento justamente en que nuestro sistema penal, en muchos aspectos moderno y avanzado, cuando se relaciona con los menores de 18 años es hostil, revictimizador y perjudicial. El proceso penal no puede nunca ser, como en muchos casos sucede hoy, una experiencia negativa, humillante y dañina. No debemos permitir, como sucede, que el proceso penal sea un escenario de victimización secundaria . Esa es la deuda que, espero, empecemos a saldar. La victimización secundaria se expresa en la toma repetida de declaraciones, sometimiento a múltiples peritajes, esperas excesivas, espacios inadecuados, enjuiciamiento destemplado sobre la veracidad del relato del NNA, falta de información, hostilidad por parte de algunos funcionarios, entre otros factores. De hecho, según la encuesta “Percepción de los Procesos de Investigación y Judicialización en los Casos de Agresiones Sexuales Infantiles”, de Fundación Amparo y Justicia y Mide UC, el 81,9% de estas víctimas tuvo que declarar más de una vez durante todo el proceso penal, mientras que más de la mitad (58,2%) tuvo que declarar entre dos y cinco veces. Además, según las estadísticas del Ministerio Público, 74% de las víctimas de delitos sexuales corresponde a menores de 18 años. El proyecto tiene dos puntos centrales. Por una parte regula el número de entrevistas a las que puede ser sometido un NNA y, por otra, que ellas se deben realizar en un contexto de protección, cobijo y respeto. Respecto del primer punto, el proyecto prescribe que un NNA víctima o testigo de estos graves delitos puede ser entrevistado, como regla general, sólo dos veces en el proceso penal; una en la etapa de investigación y otra en la etapa judicial. La entrevista investigativa tiene como finalidad que el Ministerio Público obtenga la información necesaria para la persecución penal y, además, para el resto de las diligencias que sean pertinentes. La entrevista judicial, por su parte, es aquella que permitirá a los jueces conocer los hechos y formar su convicción. Ambas entrevistas dialogan en varios aspectos, pero el principal es que el entrevistador sea el mismo, lo que ayuda a que el NNA tenga la confianza, la tranquilidad y el resguardo suficiente para entregar toda la información necesaria. Respecto del segundo punto, el del escenario de realización de las entrevistas, este proyecto avanza enormemente al disponer que ellas deben ejecutarse en una sala especial, que asegure la debida privacidad y protección del NNA, consagrando legalmente una práctica alentadora que hoy es cada día más extendida en los tribunales. El proyecto, en este sentido, contempla el presupuesto necesario para fortalecer en los tribunales y las fiscalías un modelo moderno de infraestructura (salas especiales) y de tecnología (circuito cerrado) que permita además una mayor protección del NNA, para que no tenga que comparecer en presencia del imputado. Soy un convencido de que no es necesaria una confrontación física entre los imputados y los niños, niñas y adolescentes, como lo era el antiguo “careo” en nuestro sistema procesal del siglo pasado. Un proceso respetuoso de los derechos del imputado y de las víctimas y testigos vulnerables no puede ni debe exigir este enfrentamiento, similar a una batalla medieval. Evitar esto no constituye en ningún caso una afectación al derecho de confrontación del imputado, puesto que este derecho, como incluso lo ha reconocido la Corte Suprema de Estado Unidos, no es un derecho absoluto . En mi opinión, los derechos del imputado deben ser ponderados y balanceados con el derecho de los NNA a un proceso que no los revictimice, pero también con el deber y obligación del Estado de asegurar su protección e indemnidad. El interés del Estado en proteger a los NNA del trauma emocional de testificar en presencia del imputado justifica, sobradamente, el uso de mecanismos excepcionales de interrogación, como los que contempla la ley que hoy debemos aprobar . No debemos olvidar que, como nos recuerda la literatura comparada, esos traumas bien pueden perdurar muchos años después de terminado el proceso. Esto no puede seguir ocurriendo . El proyecto tiene, además, otros objetivos que bien vale la pena destacar: 1. Se reducen los plazos de tramitación de estas causas. A modo de ejemplo, se propone que la audiencia de juicio deberá tener lugar no antes de quince ni después de veinte días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. El plazo general del artículo 281 del Código Procesal Penal va de los quince a sesenta días. 2. Se establece un conjunto de medidas de protección que el juez de garantía puede dictar, incluso antes de la audiencia de formalización. Esto, que constituye una novedad en el proceso penal, responde a la necesidad de evitar dilaciones innecesarias que pueden afectar el cuidado de nuestros NNA. 3. Se establece un modelo de protección de los NNA en el modelo de interrogación, incorporando la figura de un entrevistador, adecuadamente capacitado, entrenado y certificado, conocido en el modelo comparado (ingles, australiano, sudafricano, etc. ) como un intermediario. Todo el proceso de acreditación, por su parte, queda entregado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que cumple en esta ley un rol esencial, por su relevancia en la presidencia de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal. Se trata, por tanto, de una ley que descansa en buena parte en la capacidad de trabajo interinstitucional al interior de la reforma procesal penal. La experiencia nos ha enseñado que el mejor trabajo de la reforma se ha dado siempre en este contexto de mutua colaboración y coordinación. Un intermediario es básicamente un sujeto entrenado y calificado, que se comunica con el Tribunal y las partes mediante un sistema de audio y micrófono imperceptible, que deberá transmitir las preguntas a los NNA en un contexto de especial preocupación y protección, todo ello siendo reproducido en directo a la sala donde está el tribunal y los demás intervinientes . En mi opinión, se trata de la manera más moderna y desarrollada de realizar un interrogatorio y contrainterrogatorio de un niño, equilibrando y ponderando, de la mejor manera, el debido proceso del imputado y el derecho del NNA a que el proceso no se erija como una instancia esencialmente revictimizadora y dañina. En ese contexto, el entrevistador, entrenado y capacitado para interactuar con los NNA víctima o testigo de un delito de connotación sexual o de similar gravedad, no sólo sabrá hacerlo en un modo en que asegure que el menor de edad no se sentirá acosado, inseguro, confundido, humillado o intimidado, como puede pasar, sino que además lo hará en un contexto de mejor calidad epistémica. La entrevista del NNA será, y en esto no cabe duda alguna, más completa y más detallada, o sea, más idonea para alcanzar la verdad, que es lo que a todos nos interesa o debiese interesarnos. Se trata, como se ha dicho en Inglaterra, de un modelo de intermediarios que cumplen un rol parecido al de un intérprete, a un traductor, pero con la experticia, el entrenamiento y la certificación para tratar con NNA y transmitirles las preguntas de los intervinientes en un lenguaje y en un modo que no los dañe. Es un sistema que asegura: transparencia, profesionalidad, inmediatez y, por sobre todo, resguardo y respeto por el NNA. Para finalizar, no puedo sino solicitar e incentivar la aprobación de esta iniciativa. Se trata de un proyecto trabajado por más de 3 años en este Senado, con numerosas sesiones en la Comisión de Constitución. Tuvimos la posibilidad de recibir al Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Ministerios, y Fundación Amparo y Justicia, entre otros. Se trata, honorables senadores, del esfuerzo más serio y exigente que se ha hecho hasta ahora para intentar minimizar el trauma psicológico que sufren los NNA cuando se enfrentan, como testigos o víctimas, en un proceso penal . Yo sólo puedo valorar y aprobar ese esfuerzo.