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El desarme de ETA y el triunfo de la democracia


El 8 de abril de 2017 será una fecha para recordar en la historia de España. Tras 2.472 atentados y 829 asesinatos desde su conformación en 1960, la organización terrorista ETA inició formalmente su desarme unilateral. Pero como todo gran paso, éste no fue producto del azar o de la mera buena voluntad de los etarras, sino el resultado de un largo proceso.

Fueron cientos las víctimas fatales, ciudadanos, políticos, guardias civiles, policías nacionales, gendarmes franceses y dirigentes sociales, los que recibieron el fuego que terminó con su vida o los dejó gravemente heridos. Institucionalmente este proceso incluyó una decisiva –a veces incomprendida- voluntad política de condenar el terrorismo como instrumento de lucha y la decisión de utilizar todos los medios de un estado democrático de derecho para controlar, combatir, reducir, perseguir y condenar a sus autores.

El Estado se preparó para enfrentar dicho flagelo. Formación y especialización de policías, fiscales y jueces en técnicas de investigación de delitos complejos como el terrorismo, cambios de normas –sustantivas y procesales- en leyes de inteligencia, seguridad interior y terrorismo, modificaciones institucionales como la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), batallón militar especializado en reacción y control de emergencias; adquisición de tecnología y coordinación interinstitucional obligatoria, fueron algunas de los cambios que el estado español llevó a delante con el objetivo de garantizar la paz social.

Fueron 57 años de terror donde la población española y francesa sufrió actos terroristas y vivió con la incertidumbre vital mientras circulaban por la calle. Todo este entramado institucional implementado durante décadas como política de estado debilitó a la organización terrorista. Ello implicó que hacia fines del 2011 la propia ETA anunció su “cese al fuego”. Luego vino el Comité Internacional de Verificación, coordinado por el ex mediador de Sri Lanka Ram Manikanningam, encargado de verificar el desarme real de la organización terrorista y traspasar a la institucionalidad judicial los antecedentes obtenidos.

Este 8 de abril se materializó la entrega de centenares de armas y explosivos que aún permanecían en zulos de la banda terrorista, lo que constituye el segundo gran paso en el proceso de paz, “el desarme de ETA”. Todo ello sin concesión alguna de parte de la institucionalidad política. Aquí no hay una negociación, no existe canje de presos, compromisos de impunidad ni rebaja de condenas. Se trata de un desarme unilateral producto del triunfo del estado de derecho democrático eficaz y eficiente en su lucha contra el terrorismo.

Es dable entonces reconocer a la democracia española su capacidad de controlar y someter a una banda terrorista con instrumentos legítimos de una sociedad democrática. Sin aspavientos ni estrellas solitarias, sin atajos ni populismos, sin grandes titulares. Con eficacia y eficiencia, con conciencia del aporte que cada institución hacía al sistema de seguridad y con la capacidad de sus líderes de comprender que bajo ninguna circunstancia, ni por muy legítima que sea la reivindicación, se puede justificar la violencia y el terrorismo como forma de lucha en democracia. La madurez democrática y la concepción e implementación de una política de estado permitieron a España dar el gran paso del siglo XXI: Consolidar el diálogo como forma de solucionar las controversias y someter con más y mejor democracia a quienes usaron la violencia como forma de expresión.

Chile debe aprender. Debemos ser capaces de discutir sin los traumas del pasado, las normas y reformas que nos garanticen a futuro la preservación y cuidado de nuestra democracia y fortalezcan el diálogo como forma de resolver los conflictos, dotando a la institucionalidad democrática –con los debidos controles- de capacidades reales para prevenir, reaccionar y perseguir a quienes eventualmente pretendan hacer de la violencia o el terrorismo una forma de acción.