Search

Por la dignidad de la regiones: Transferencia de Competencias por Ley y No por Decreto


Intervención senador Felipe Harboe proyecto ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país

Desde hace un tiempo he ido advirtiendo, a riesgo incluso de algunas críticas, la necesidad de dar una discusión más de fondo respecto del modelo de descentralización. Soy de aquellos que cree que la actual estructura administrativa del país no da cuenta de la realidad cultural, territorial y económica que Chile debe tener.

Hoy grandes decisiones pasan necesariamente por el gobierno central, y cuando se abre un proceso de descentralización, con mucha esperanza veo la posibilidad de que efectivamente tengamos la posibilidad de transferir funciones, competencias, decisión y en definitiva poder.

Esto se trata de transferir poder desde el nivel central a las regiones. Poder para tener la capacidad de que las autoridades del territorio tengan la capacidad de resolver los problemas en el ámbito local, con oportunidad y calidad.

Se hizo una reforma constitucional hace un tiempo atrás que estableció la elegibilidad de las autoridades regionales, eso avanza en democratizar la institucionalidad pública pero no necesariamente en descentralizar si es que no se establecen las medidas adecuadas para que esa autoridad electa pueda tener competencias para resolver los problemas del territorio, que es lo que los ciudadanos quieren.

El problema es que la tramitación de este proyecto de ley tiene vicios en su origen, porque este era un proyecto que nació bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de dotar a los intendentes designados, de nuevas funciones y atribuciones.

En el marco de esa discusión, este Senado de la República aprobó un primer trámite constitucional respecto de autoridades designadas. Luego, en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y hubo cambio de gobierno.

El actual gobierno tomó la decisión, para ahorrarse un trámite constitucional completo, ni mas ni menos que la discusión de fondo en el Senado, de usar ese chasis, del proyecto del presidente Piñera, Ahorrarse un trámite legislativo e introducir una indicación sustitutiva.

El problema, es que introducir una indicación sustitutiva, con atribuciones pensadas en autoridades electas, con un chasis creado para autoridades designadas, no resulta en una política pública de calidad y tiene varias contradicciones.

La Sala de este Senado de la República no tuvo la oportunidad nunca de discutir este proyecto. Lo que se discutió fue el proyecto del 2011, este solo lo han discutido algunas comisiones, a propósito de todas las dudas que ha generado. En consecuencia, este Senado de la República no ha dado una discusión en torno a este tema.

Veamos lo que ocurre con el mecanismo de transferencia de competencias, que es un tema clave.

¿Cómo se transfieren las competencias? Quizá de las pocas virtudes que tiene el Congreso Nacional es que logra plasmar en cada legislación, una visión de la sociedad. Leyes que trascienden a los gobiernos de turno, y establecen derechos permanentes a los ciudadanos. Por eso transformamos el famoso bono marzo, o el bono invierno, en una asignación permanente por ley. Para que más allá del gobierno de turno, tuviese permanencia.

El mecanismo de transferencia de competencias que contempla este proyecto de ley, no es una transferencia de competencias permanente, no es estable en el tiempo. Lo que hace este proyecto de ley es que se transforma en una ley orgánica habilitante para que el presidente de la República, mediante decreto supremo, transfiera competencias a los gobiernos regionales, pero así como las puede transferir, también puede revocarlas.

Yo no soy partidario de que un presidente de la República, cualquiera sea el símbolo político, tenga la capacidad de entregar y quitar facultades a su arbitrio. Eso me parece una concesión por gracia y no una transferencia de competencias como corresponde.

He citado el caso del artículo 114 porque nosotros hoy vamos a rechazar este proyecto, para que la comisión mixta lo vea, pero me atrevo a aventurar que tenemos un problema más grande.

En la comisión mixta vamos a poder modificar muchos de los verbos rectores, que hoy son promover; analizar; proponer; propender; todos estos verbos rectores más bien genéricos, los vamos a cambiar por facultades reales. Pero tenemos un problema, en materia constitucional hay un principio de supremacía constitucional, y es que las leyes no pueden ser contrarias a la constitución política.

Con orgullo digo que voto en contra de la reforma constitucional que estableció la elección de gobernadores regionales. No por que fuera contrario a la elección, al contrario, me parece que es una buena medida el elegir gobernadores regionales, pero el problema es que la reforma contempló un mecanismo de traspaso de competencias que, a mi juicio, le quita al Congreso Nacional esa facultad.

El ministro recién decía “el artículo 114 que hace referencia el senador Harboe es del 2009”. Es cierto, pero la reforma constitucional, que aprobó este Congreso, con mi voto en contra, publicada el 5 de enero 2017, en su disposición transitoria vigésimo octava, propuesta por este gobierno, establece: “La primera elección por sufragio universal en votación directa de gobernadores regionales, se verificará en la oportunidad que señale la Ley Orgánica Constitucional que alude al inciso cuarto, quinto del artículo 111, y una vez promulgada la ley, que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de competencias, a las que se refiere el artículo 114”.

Es decir, esta reforma constitucional, aprobada en este parlamento, dejó sometido al proceso de transferencia de competencias al artículo 114, del año 2009, que dice: “La ley orgánica constitucional respectiva, determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República transferirá, modificación de este año, a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios o servicios públicos creados por el cumplimiento de su función administrativa, en materia de ordenamiento territorial, fomento a las actividades productivas, desarrollo social y cultural”.

Es decir, lo que ocurre es que la comisión mixta puede hacer muchas modificaciones, pero la forma de transferir competencias, la Constitución ya la fijó en esa reforma del 2017. Es decir, va a ser por decreto supremo, cualquiera sea el Presidente o Presidenta de la República del próximo periodo, va a tener la posibilidad de transferir competencias.

Estos descentralizadores de Twitter, de 140 caracteres, que creen que con esto estamos solucionando el problema del país, yo les digo cuidado. Acá hubo un error muy complejo, porque está ocurriendo que va a ser el decreto supremo, y no la ley, el que va a transferir competencias.

Además, circunscrito a sólo cuatro ámbitos: Ordenamiento territorial, desarrollo social, cultural y productivo.

¿Qué pasa si se quisiera transferir competencias en materia de infraestructura? Cómo no me gustaría, por ejemplo, que la región de Biobío tuviese la posibilidad de contar con recursos adecuados para construir el Puerto de Lebu, el Tercer Dique de Asmar o el Paso Pichachén. Que cada región pudiese tener facultades para ello, en Magallanes, en Arica… Pero eso hoy no está contemplado.

Yo lamento profundamente, porque de pronto se escuchan descalificaciones mas bien personales en vez de argumentos, y lo que he intentado es, de manera honesta y transparente, argumentar que a mi juicio lo que está ocurriendo es que el Congreso Nacional le entrega al Presidente de la República de turno, la facultad para entregar y quitar facultades, y eso no es permanente en el tiempo.

La gente cree que a propósito de esta reforma constitucional, o de esta transferencia de competencias, van a tener más soluciones a sus problemas reales en el territorio, y lamentablemente tal como está hoy día, ya sabemos que eso va a ser temporal y una concesión por gracia a la autoridad de turno.

Adicionalmente, si sumamos que no hay ley de rentas regionales, que no existen facultades reales para proyectos de infraestructura, no está la ley que establece el pago de las patentes municipales en las comunas donde se realiza la actividad productiva, déjenme decirles que podemos tener un problema serio de gobernabilidad.

Puede ocurrir, que el Presidente de la República, de un color político, empiece a quitarle competencias a un gobernador electo de otro color político. Esa experiencia la hemos visto en Latinoamérica y no es el modelo de gobernabilidad al que yo aspiro.

Tal como decía el ex primer ministro británico, Tony Blair, los países que alcanzan el desarrollo, no siempre son los que tienen más crecimiento económico, sino los que son capaces de tener buena gobernanza y a mi juicio esto, no va en ese sentido.