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Comunicado de prensa ante fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales nuevas fa


Senadores Felipe Harboe, Alfonso de Urresti y Pedro Araya

Estamos en presencia de un fallo jurídicamente retrogrado y equivocado, administrativamente muy riesgoso, constitucionalmente contradictorio con 20 años de jurisprudencia, institucionalmente exacerbado en sus funciones y socialmente lamentable. El Tribunal Constitucional ha excedido sus funciones, estamos en una crisis institucional de proporciones. Por primera vez en 20 años, el TC entra a analizar a través del control preventivo, normas que no tienen el carácter de orgánico constitucional. Esto, junto con afectar gravemente lo dispuesto en el texto constitucional, violenta de manera directa el principio de separación de funciones al inmiscuirse de manera directa en una potestad del legislador. En los hechos tal como lo advierte el voto de minoría, el TC sólo podía revisar el 19% del texto y termina sancionando el 42% del mismo. Es decir, se pronuncia sobre normas que no le corresponde, o sea, que no están sujetas al control preventivo. Omite el principio de deferencia al legislador que inspiró al TC desde sus inicios, al adentrarse en materias no sometidas a su conocimiento y variar normas fundamentales aprobadas por el Congreso Nacional, transformándose en los hechos en un verdadero legislador “positivo”. En el fondo, se trata de un fallo jurídicamente muy débil y contradictorio con sentencias pronunciadas con anterioridad por el mismo tribunal. No se entiende que sentencias recientes reconozcan que los actos y los procedimientos sancionatorios administrativos de los cuales derivan, reúnen las garantías de un justo y racional procedimiento, al contemplar, por ejemplo, los principios de legalidad, proporcionalidad, non bis in ídem, tipicidad, e instancias de control jurisdiccional de dichas sanciones y, que tratándose de este proyecto, se les declare inconstitucionales. Esto evidencia una nueva doctrina en derecho administrativo sancionador, que a partir de ahora podría servir de base para discutir la constitucionalidad de las potestades sancionadoras de los diferentes estamentos públicos con el consiguiente daño a la institucionalidad y la innecesaria judicialización de decisiones administrativas. Este fallo es institucionalmente muy delicado, porque lejos de dar certezas, fundándose en las sentencias del mismo organismo acumuladas por más de 20 años, retrocede respecto de lo que ha venido avanzando la doctrina en el derecho administrativo sancionador, sembrando incertidumbre a los procedimientos sancionadores en curso.

Resulta evidente el sesgo ideológico, que explica tal cúmulo de errores en el fallo que se ha dictado. Chile necesita certezas y cada institución debe cumplir sus funciones, eso no ha ocurrido con este fallo. Por ello, es que más allá de este proyecto, necesitamos precisar las funciones del Tribunal Constitucional por lo que ingresaremos un proyecto de reforma constitucional que limitará las funciones del TC en materia de control preventivo, estableciendo otras normas que mejorarán integralmente el rol del citado organismo.


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