Search

Senado conoce contienda de competencia entre la Contraloría General de la República y la Corte Supre


Luego de un arduo debate que estuvo marcado por los argumentos jurídicos y constitucionales, la Sala acogió por 16 votos a favor y 12 en contra, la contienda de competencia de la Contraloría. La medida hacia la Corte Supremase produjo respecto al sistema previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En una jornada de argumentos jurídicos y constitucionales, el Senado analizó y se pronunció sobre la contienda de competencia planteada entre la Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia, respecto a quién debe definir qué régimen previsional le corresponde a más de mil trescientos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La discusión se zanjó luego de conocer las exposiciones y argumentos tanto del Contralor Jorge Bermúdez como del Presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, por 16 votos a favor y 12 en contra. Es decir, se acogió así la contienda planteada por el organismo fiscalizador.

Cabe consignar que, en la actualidad, dicho personal de la DGAC está afiliado al sistema de capitalización individual administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). No obstante, los afectados han solicitado cambiarse al de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). Para ello presentaron una acción judicial ante el 29° Juzgado Civil de Santiago.

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el senador Felipe Harboe explicó los alcances de esta contienda que fue estudiada por esta instancia. Así ahondó en las exposiciones que hicieron en su momento el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; y el Presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, quienes hicieron ver su competencia en el caso y las consecuencias que tendría no reconocerla.

Asimismo, el legislador relató que escucharon a los trabajadores afectados y los abogados de éstos, como también al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la época y profesores de derecho constitucional.

Respecto del fondo, el congresista precisó que “el Senado no debe decidir el régimen previsional que les corresponde a los afectados, sino solo resolver la contienda de competencia (…) En cuanto a esto, hemos decidido poner a disposición de la Sala el informe respectivo”.

El Contralor Bermúdez solicitó que se reconozca que la Corte Suprema carece de competencias en ese caso. Algunos de los hechos expuestos por la autoridad fueron los siguientes:

-“Los funcionarios de la DGAC tiene un problema previsional real debido a que no pertenecen a las Fuerzas Armadas. Se les aplica el estatuto administrativo, pero su régimen de remuneraciones es distinto, lo que les ha provocado un daño previsional debido a que cotizan solo por el 60% de sus rentas”.

- “No existe un vacío legislativo como se ha señalado, por lo tanto la solución debe ser legislativa (…) Si se busca cambiar el sistema previsional debe ser a través de una ley”.

- “Los efectos económicos de este cambio no serán menores. El valor presente neto que implica pasar a estos funcionarios a Capredena, será de 123 mil millones de pesos. Cabe recordar que el régimen de Capredena y de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) no es de reparto sino Fiscal, por lo que hablamos de cifras cuantiosas”.

- “Creemos que se debe reparar el daño previsional de estas personas, pero no generando privilegios en un sistema que ya es oneroso. Debe solucionarse a través de los poderes colegisladores”.

- “La facultad de dirimir en este caso es de la Contraloría porque entre sus funciones está el interpretar la ley, rol que le es exclusivo (…) Ante la pregunta ¿cuándo intervienen los tribunales?, éstos deben hacerlo cuando deben controlar lo que hace la Contraloría, impugnando sus dictámenes; cosa que en este caso no ha pasado”.

Luego abogó desde la testera el ministro Sergio Muñoz, quien comenzó argumentando que "quien ejerce sus facultades o derechos a nadie ofende y por lo tanto no hay obstáculo alguno para comparecer con respecto".

Corresponde que se desestime la contienda, advirtió. "Estamos ante dos interpretaciones válidas. Lo que ha pedido la Corte Suprema es que se resuelva que se rechace la petición del Contralor, porque vamos a ver que no hay contienda trabada, no hay algo que dificulte el entendimiento. Más de 1300 funcionarios de la DGAC han manifestado a un tribunal que no están de acuerdo en el encasillamiento que les hizo y piden que se altere y los cambien al sistema de las FF.AA. ese es el tema planteado".

"Uno podría decir que es una frescura, no lo califico así, lo califico como un tema jurídico: dos normas en juego la ley 16.752 en que los funcionarios de la DGAC son empleados civiles de la FF.AA. y se les aplica el régimen previsional de las FF.AA. y en el año 85 con la 18.458 se dijo el que régimen previsional de las FF.AA. se aplicará exclusivamente a los funcionarios que se indica en esta disposición y cita en la letra d a los empleados civiles de las FF.AA.; entonces, son dos interpretaciones válidas en pugna", detalló.

"La contienda se ha trabado y se han dicho tres afirmaciones: es competencia exclusiva de la Contraloría, es incompetente la Corte Suprema y la vía para resolver el tema es la ley; sin embargo esta contienda positiva es negativa porque se está discutiendo que ninguna de las dos tiene la competencia, sino que un tercero imparcial", prosiguió Muñoz.

Con respecto a los costos y a quiénes podría afectar el veredicto, el ministro aclaró que, - a su juicio, "este no es un problema económico, es un problema jurídico (…) La lucha del hombre ha sido siempre contra la autoridad para que se respeten sus derechos y en nuestro país no ha sido la excepción. Lo más importante dentro del Estado no son las autoridades, son las personas, es cómo reconocemos derechos pero no podemos verlos por las consecuencias (…)".

"No existe un procedimiento reglado y definitivo para este tipo de contienda, se debería avanzar, lo señalo porque la Comisión de Constitución tuvo mucho tiempo para escuchar las posiciones y la demora tuvo que ver con la decisión de los comité para escuchar los argumentos de los requirientes y requeridos (…) La pregunta es cómo debemos fallar y la doctrina no es unánime (…) Debemos resolver en derecho", indicó el senador Harboe.