Search

Un nuevo derecho, una nueva era


Columna publicada en Diario La Segunda

Con 30 años de retraso, Chile ha incorporado un nuevo derecho constitucional: la protección de datos personales.

En medio de la cuarta revolución industrial y en pleno desarrollo de la economía digital, es indispensable que las sociedades asuman la existencia de un nuevo tipo de personalidad: la virtual. La red permite conocer y relacionar personas, ubicarlas en tiempo y espacio, segmentarlas por gustos, patrones de consumo o preferencias. Todo ello deriva de sistemas tecnológicos basados en el tratamiento de datos. Sí, de SUS datos.

Esto parece inocuo si se desconocen los efectos que puede producir un mal tratamiento de dicha información. Estudios mundiales advierten que en 2017 se invirtieron 80 mil millones de dólares en mecanismos de prevención de fraudes virtuales o cibercrimen. Para el 2020, expertos apuntan a que la cifra podría ser 2,5 veces mayor. Mientras,la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, muestra el incremento de delitos informáticos o fraudes.

Se debe asumir esta realidad. Lo despachado por el Congreso otorga un marco constitucional para circunscribir la normativa legal a este nuevo derecho. A partir de ahora, las personas tendrán derecho a la autodeterminación informativa y podrán exigirla a través del recurso de protección. El texto aprobado deja al dominio legal tanto la institucionalidad encargada, como la forma en que ésta dará la protección. Así, su promulgación será coherente con el proyecto de ley que discutimos en la comisión de Constitución del Senado, el cual constituye una respuesta adecuada para proteger los datos personales y propender al desarrollo de la industria de servicios globales.

Chile exporta aproximadamente US$1.200 millones en servicios tecnológicos, y sus empresas acrecientan su valor en función del correcto tratamiento de datos personales. Como contrapartida, un importante número de negocios no se puede desarrollar, ya que la comunidad europea nos considera un “país no adecuado”, por nuestras falencias legislativas.

Una pronta regulación legal será un avance para el desarrollo de la industria de datos y constituirá un marco jurídico adecuado para dar protección a todas las personas frente al mal uso de los mismos.