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Senador Harboe cuestiona legalidad de compra de derechos de agua por parte del MOP a privados en Pet


El senador Felipe Harboe Bascuñán solicitó el pronunciamiento, vía oficio, del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, respecto a la legalidad de la compra de derechos de agua, llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas mediante proceso de licitación pública, de 10 litros/segundo en el Sector Hidrológico de Aprovechamiento Común, denominado Sector 4 – Río Petorca Poniente.

Dichos derechos de agua, que anteriormente eran de propiedad de la Minera Sinotech Chile (Sur) Limitada, fueron adquiridos por el Ministerio por un valor que asciende a los 60 millones de pesos.

A la solicitud se suma la petición de pronunciamiento, por parte de la Contraloría, sobre “las políticas, planes y programas de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas (…) sobre la legalidad del uso de recursos públicos para la adquisición de derechos de agua otorgados previamente a privados a título gratuito; y (…) sobre la pertinencia de uso de la “compra de derechos de agua” como mecanismo de adquisición y no el procedimiento de expropiación previsto en la Carta Fundamental”, se lee en el documento.

El legislador PPD explicó que las dudas respecto a la legalidad de la compra se deben a que existen “dudas respecto a la legalidad, porque se trata de derechos de agua que fueron otorgados gratuitamente por el Estado y no parece lógico que, con recursos públicos, se les vaya a comprar a las mismas personas a quienes se les regalaron estos derechos de agua”.

Además, el parlamentario apuntó a que dicha adquisición “no parece adecuada”, considerando que “en situaciones de sequía y emergencia, el propio Código de Aguas establece un mecanismo, que es la expropiación”.

“No estamos disponibles para que este tipo de procedimientos sigan ocurriendo (…) Queremos pedirle al Contralor General de la República que, como dice el slogan de la Contraloría, se cuide el uso de recursos públicos y se haga un pronunciamiento respecto a la ilegalidad respecto a re-comprar, con recursos públicos, de derechos de agua que fueron entregados gratuitamente”, cerró el legislador.