Jóvenes nini, penas y jueces

02/09/2015

 

En una columna anterior abordé el primer nudo crítico de la lucha contra el delito: el imputado desconocido y su escasa capacidad de condena de parte del sistema penal. Hoy concentraré mis esfuerzos en otros tres nudos críticos.

 

El primero de ellos son los casi 500 mil “nini”. Jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes en su mayoría carentes de escolaridad completa, metodología laboral y redes de apoyo. No tienen esperanzas en que “el sistema” les otorgue alguna oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas y desarrollarse laboralmente. Algunos de ellos ven en el delito una forma rápida e impune de mejorar su “estándar” de vida. Se trata del delincuente ocasional o “de oportunidad”, regularmente vinculado a delitos contra la propiedad o el microtráfico de drogas en los cuales hay altos niveles de impunidad.

 

Un segundo nudo crítico son las reglas de determinación de las penas. Una vez establecida la participación de una persona en un delito, el juez tiene que determinar la pena -el castigo, en concreto- que ella debe cumplir. El juez no debería tener una gran discrecionalidad en ese proceso; sin embargo, nuestro actual Código Penal prevé muchas circunstancias atenuantes y agravantes, y le confiere al juez una amplia facultad para apartarse del marco penal fijado en la ley. El resultado es obvio: en muchos casos existe una notoria asimetría entre la valoración del injusto penal realizado por el legislador (y la sanción prescrita en la ley) y la pena impuesta por el juez. Ello explica que en ocasiones no sólo la duración de la pena, sino que su forma de cumplimiento, se representen como una evidente contradicción con la valoración del legislador. Por ello, un nuevo Código Penal debería restringir las circunstancias agravantes y atenuantes, como también limitar las facultades de los jueces para alterar el marco establecido en la ley. Con ello se mejorará la idea de previsibilidad y justicia de la pena, que no debe mirar sólo al imputado, sino también a la víctima y a la sociedad.

 

Otro nudo crítico es la ausencia de un juez especial de cumplimiento de condenas. No sacamos nada con tener medidas alternativas de sanción penal si no contamos con una institucionalidad pública capaz de verificar su correcto cumplimiento para terminar con la sensación generalizada de que “si no hay cárcel, no hay sanción”. Un sistema penal que contempla medidas alternativas debe ser capaz de garantizar a las víctimas que sus victimarios cumplirán sus condenas aun cuando éstas no sean privativas de libertad, y en caso de quebrantamiento de condena por mal comportamiento o infracción de una medida cautelar, existirá oportuna detección y drástica sanción.

 

Estos tres nudos críticos del sistema de seguridad debemos abordarlos a la brevedad a fin de disminuir: a) los niveles de impunidad que actúan como incentivo al inicio de carreras delictuales; b) el sentimiento de frustración de las víctimas al constatar las bajas penas efectivas que reciben sus victimarios y c) la impotencia de quienes observan quebrantamientos evidentes de las sanciones impuestas por la justicia debido a la incapacidad institucional de dar adecuado seguimiento y vigilancia a su cumplimiento.

 

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